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INTELIGENCIA EMOCIONAL COLECTIVA EN ANTIOQUIA

LA SOCIEDAD COMO PROYECTO ÉTICO

deslice

Para pensar en cómo fortalecer la democracia y la participación en Colombia es necesario tener en cuenta las necesidades y las ambiciones de la gran mayoría de colombianos, que pertenece a la clase media.

Rafael Aubad y Sergio Tobón

Medellín

*Aubad ha sido presidente de la Fundación Proantioquia, director nacional de la Corporación para la Investigación Agropecuaria (Corpoica) y vicerrector general y rector de la Universidad de Antioquia. Es economista con estudios en Desarrollo de la Universidad de París I y una amplia experiencia en investigación y en temas rurales, educativos y de fortalecimiento institucional. Tobón, por su parte, es economista y experto en Desarrollo, Innovación y Liderazgo, y ha sido docente de la Universidad Eafit, de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EIA.


La generación de riqueza depende de la concurrencia de tres acciones: el aprovechamiento racional y progresivo de los factores de producción; la igualdad y el respeto de las capacidades individuales o de organizaciones para crear y progresar; y ambientes institucionales favorables que permitan las dos primeras cosas.

Esta perspectiva tiene dos presupuestos implícitos: los individuos en sociedad son la base de la generación de riqueza, y el Estado es un facilitador y regulador. Siendo crucial su labor, el Estado no puede simplemente reemplazar a los individuos; debe acompañarlos en la constitución de instituciones que favorezcan el emprendimiento y, en general, en la búsqueda de maneras legales de multiplicar la base de generadores de riqueza. El Estado, además, debe garantizar normas y arreglos institucionales efectivos para proteger física y moralmente a las personas, sus organizaciones y contextos sociales.

Pero, ¿cómo se logra que esta racionalidad individual e institucional opere como proyecto de sociedad? O en otras palabras: ¿cómo se “recombinan” sociedad e individuos para generar riqueza?

Schiavon y Córdova, dos estudiosos de experiencias de crecimiento económico, proponen una categoría para pensar esa recombinación. Se trata de la Inteligencia Emocional Social (IES), que consiste en saber conectar con los demás de forma armónica gracias a la confianza social y a acuerdos específicos. Según ellos, esa armonía es un factor determinante en la generación de riqueza social o crecimiento económico inclusivo.

De allí la importancia de recalcar el factor ético de la construcción social, y de los asuntos comunes. Una sociedad basada en valores como la libertad, la convivencia y la solidaridad requiere, en su esencia, una visión colectiva que permita desplegar una estructura democrática. En ese sentido, una sociedad es un proyecto ético ineludible. Por eso es crucial profundizar en los mecanismos democráticos, el fortalecimiento institucional y los instrumentos de poder compartido, que refuercen la idea de pertenencia a un proyecto común.

Aún así, el enfoque predominante de las relaciones que las agencias de desarrollo y los expertos establecen con los territorios se ha concentrado en la generación de diagnósticos generales y de una larga lista de demandas al Estado. Es decir, la aproximación se ha dado más bien poco desde la consideración de las características de los contextos geográficos, comunitarios y culturales específicos.

El objetivo de este artículo es pensar en rutas de desarrollo contextualizadas para construir capacidades sociales colectivas y garantizar la generación de riqueza en los territorios.

Coincidimos, pues, con el enfoque de construcción social de la Encuesta Mundial de Valores (EMV), ya que en ella el desarrollo humano se basa en la presencia de recursos para la acción, en valores autoexpresivos y en la existencia de instituciones democráticas. Desde el análisis de esos factores deben concebirse las rutas hacia los acuerdos sociales; es decir, hacia el crecimiento de la Inteligencia Emocional Colectiva.

COMO LO PLANTEA LA FILÓSOFA ADELA CORTINA, “EL AUTÉNTICO CIUDADANO ES EL QUE TOMA PARTE ACTIVA EN LO PÚBLICO, EN AQUELLO QUE A TODOS AFECTA”

1. Lo que esperan los antioqueños de la vida

En 2013, la Gobernación de Antioquia, la Universidad Eafit y SURA (Giraldo, Casas, Méndez y Eslava: Valores, representaciones y Capital Social, 2013) realizaron el primer estudio empírico sobre la cultura y la identidad antioqueña, que indaga en la percepción que las personas tienen de sí mismas, lo que esperan de la vida y los valores que las caracterizan.

El estudió mostró que los antioqueños sienten orgullo de ser parte del departamento (95 % de los encuestados) y del país (97 %). Según los 2.400 encuestados, el valor que más representa a los antioqueños es la pujanza, con una particularidad: no importa si ser pujante implica actuar en la ilegali- dad. Por otra parte, las aspiraciones individuales principales resultaron siendo la buena salud, tener casa propia, el enriquecimiento espiritual y tener un matrimonio feliz.

En términos de confianza y capital social, los antioqueños dijeron confiar en el prójimo tres veces más que en un colombiano promedio y aseguraron que tienen en promedio veintidós amigos dentro de su red de confianza próxima. Frente a las instituciones políticas, mostraron un alto nivel de desconfianza en los partidos (86%); solo 15% se interesa en política y 73% piensa que los funcionarios son corruptos.

Predomina, entonces, la búsqueda de la realización personal, tanto económica como personal. Así se hace evidente la divergencia entre valores individuales (orgullo y pujanza) y colectivos (desconfianza en las instituciones). Por eso, puede decirse que la inteligencia emocional social de los antioqueños es relativamente pobre.

La vida en sociedad nos pone frente a tres escenarios de actuación con responsabilidad: el social, el político y el moral. A cada uno de ellos corresponde una forma de actuación específica, y la combinación de los tres define el grado de inteligencia emocional; es decir, la combinación entre nuestra cooperación, nuestra participación y nuestra solidaridad define la cultura ciudadana.

Como lo plantea la filósofa Adela Cortina, “el auténtico ciudadano es el que toma parte activa en lo público, en aquello que a todos afecta”. La responsabilidad y el interés colectivo se concentran así en un sujeto participativo que se preocupa por la definición de lo público. Por eso es importante encontrar maneras en que el ejercicio ciudadano y las capacidades sociales colectivas concuerden con la sostenibilidad a nivel territorial.

2. Las realidades territoriales

Desde hace tres años, la iniciativa Antioquia Sostenible mide las condiciones del desarrollo sostenible en el departamento a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una de sus primeras actividades fue un ejercicio de métricas para tomar decisiones con base en la evidencia, y para hacer un llamado a todos los actores para la construcción de un territorio socialmente responsable.

Las mediciones concluyeron, en primer lugar, que nuestras condiciones básicas de sostenibi- lidad ambiental (cómo usar responsablemente los recursos naturales), la urbanización, las condiciones de la cadena logística y la deforestación –tanto con fines extractivos como con fines de cambio de uso del suelo– no son favorables. El decrecimiento crónico de la vegetación del departamento requiere urgentemente medidas de conservación y sistemas de monitoreo, seguimiento y producción de conocimiento útiles y relevantes para promover una mayor conciencia sobre la sostenibilidad ambiental. Los habitantes e instituciones de Antioquia necesitamos crecer exponencialmente en responsabilidad ambiental.

En segundo lugar, a pesar de la reducción constante del coeficiente de Gini de los últimos años, Antioquia sigue estando entre los departamentos más desiguales del país: está en la séptima posición entre los veintitrés departamentos, antecedido por Chocó (0.566), Guajira (0.553), Boyacá (0.514), Cauca (0.504), Nariño (0.508) y Bogotá (0.496). Esto significa que tenemos enormes desafíos en materia de reducción de la pobreza, y otros mayores aún en la reducción de la desigualdad, sobre todo en los sectores rurales. Las condiciones de desigualdad se evidencian en términos no solo de la concentración del ingreso, sino también de la distribución desigual de las condiciones de vida. Por eso es importante promover y apoyar más esos procesos desde la sociedad civil, el desarrollo rural integral y la inclusión educativa universal hasta los dieciocho años.

En educación, si bien la primaria tiene buenos niveles de cobertura en todo el departamento, en secundaria son preocupantes la alta deserción y el desempeño en las pruebas SABER 11, sobre todo en la educación oficial. Desde las universidades, el sector empresarial y los colegios de mayor desarrollo es mucho lo que se podría hacer.

En relación con trabajo decente y crecimiento económico, el ritmo de crecimiento de los últimos años ha sido superior al del país en su totalidad. Por subregión, después del Valle de Aburrá (68 % del valor agregado departamental en 2017), la de mayor importancia económica es Oriente con 9 %, seguida de Urabá con 7 %. Las de menor participación en el valor agregado son el Occidente, con 1,8 % del valor agregado departamental, y Magdalena Medio, con 1,8 %. Hay, entonces, una responsabilidad pendiente de cerrar brechas entre territorios, que ojalá se pensara desde la necesidad de desplegar nuevos emprendimientos en la mayoría de ellos.

En términos generales, las mejores condiciones de vida siguen concentradas en el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, tanto en la provisión y el acceso a servicios públicos básicos (acceso a agua potable y alcantarillado) como en los indicadores asociados a las condiciones generales de vida.

Bajo Cauca y Urabá presentan desafíos especiales en la garantía de condiciones básicas de vida. A pesar de contar con niveles similares de provisión de servicios públicos a las demás subregiones del departamento, los indicadores de vulnerabilidad asociados al embarazo adolescente y los indicadores de salud maternoinfantil muestran que estas dos subregiones tienen desafíos especiales en la garantía de condiciones básicas para la calidad de vida de sus habitantes. El papel de un arreglo mixto como Savia Salud es decisivo, y hay que apoyarlo, al igual que todos los programas de primera infancia.

Este análisis hace evidente que el desarrollo del departamento es desigual, y eso implica que las capacidades sociales e individuales con las que se pueden enfrentar las decisiones colectivas son diferentes entre regiones. Por ello, solo con rutas contextualizadas de acción es posible que la libertad, la autoexpresión y las interacciones colectivas tengan lugar en Antioquia.

3. El reto de las divergencias y su significado

Hay importantes brechas entre las expectativas y los valores expresados por los antioqueños y las realidades territoriales. Hay antioqueños que quieren mucho bienestar individual, pero habitan un territorio con múltiples retos en temas sociales, económicos, ambientales y además desconfianza en lo público. Y, según los resultados de la EMV (2017-2019), esos mismos desafíos los tiene toda Colombia.

Por eso Antioquia Sostenible ha reconocido la existencia de al menos tres “Antioquias” diferentes que permiten pensar en la distinta contextualización del ejercicio. Ellas son la Antioquia pujante (Valle de Aburrá y Oriente), la Antioquia en cierre de brechas (Suroeste, Norte, Occidente y Nordeste) y la Antioquia rezagada (Bajo Cauca, Urabá y Magdalena Medio).

A través de ejercicios ampliamente participativos, se buscó que los habitantes de cada Antioquia encontraran sus objetivos aspiracionales (o propósitos superiores), las capacidades sociales que les permitirían ser participativos en la consecución de los objetivos (medios) y las condiciones habilitantes, entendidas como los requerimientos que permiten el desarrollo de una vida digna, y que requieren decisiones políticas fuertes para su cumplimiento.

Debe señalarse que las brechas que existen entre las regiones también se reflejan en las prioridades y visiones comunitarias. En el caso de Oriente y Norte, por ejemplo, siendo la primera parte de la Antioquia pujante y la segunda de cierre de brechas, hay diferencias significativas entre los medios y fines, y en la forma en que se valoran las metas incluidas en los ODS. Lo mismo ocurriría si el ejemplo fuera Urabá (de Antioquia rezagada) con Nordeste (Antioquia en cierre de brecha).

En cuanto a la divergencia de expectativas, capacidades y condiciones en nuestro territorio –visto en este caso bajo el prisma de los ODS–, se requiere de una aproximación contextualizada y basada en los recursos para la acción con que cuenta cada comunidad y cada territorio. Solo así será posible construir sueños y rutas comunes de acción.

Estas visiones, que suponen metas colectivas a 2030, se construyen con metodologías de liderazgo participativo. Es decir, las comunidades plantean sus propias rutas y sueños, y estos se contrastan con las realidades territoriales.

4. Cartografías del afecto y rutas colectivas

La perspectiva en campo de Antioquia Sostenible ha sido crear espacios que conduzcan progresivamente a buscar más amarre institucional, emocional y vivencial; o sea, una sociedad para vivir y no un lugar simplemente para sobrevivir en la desconfianza y el miedo. Por nuestra historia de desencuentros, la forma como con- versamos es determinante en la creación de una cultura de participación ciudadana para proyectos colectivos.

Antioquia Sostenible ha organizado así encuentros que comienzan invitando a cada persona a que construya su propio concepto de desarrollo sostenible, la “cartografía de sus afectos”: el registro de los lugares, los bienes, las instituciones, las expresiones, de todo aquello que valora y las razones por las que lo hace. Luego, compartiéndola con los otros habitantes de su localidad, la persona debe proponer una cartografía local del afecto.

Los promotores de Antioquia Sostenible confrontan dicha cartografía con el conocimiento, la medición que tienen de esas prioridades y qué tanto estas forman parte de agendas que van más allá de lo local.

El objetivo de confrontar las cartografías es acordar rutas, priorizando los ODS, que reflejen no solo las realidades y culturas locales, sino la contextualización de los afectos en problemáticas y programas comunes a muchos otros lugares, y que por ello hagan más factible la cooperación entre regiones y el acceso a agendas más globales de interés (para acceder a su vez, más fácilmente, a redes de apoyo).

Una característica muy frecuente en estos encuentros es que las personas, los investigadores y los promotores de la iniciativa son muy activos en los ejercicios y en las rutas, pero los funciona- rios y empleados de las empresas no lo son tanto. Aun así, los ejercicios han permitido reafirmar la necesidad de la educación integral temprana para poder actuar eficazmente en sociedad.

El papel emancipador de la educación depende de la formación de sujetos y ciudadanos con capacidad de deliberar, discernir y argumentar para la creación de un bien común y el fortalecimiento del Estado. Educar es producir inquietud ética, como argumenta la filósofa Victoria Camps.

Además, una democracia que permita crear ciudadanía debe acabar con la exclusión. No podrá ser ciudadano en ninguna democracia un sujeto que no tiene mínimas condiciones socioeconómicas que le permitan ser un sujeto sociopolítico. Para la creación de ciudadanía debemos conceptualizar de nuevo la democracia, resignificarla desde nuevas perspectivas como la social (el escenario que posibilita el accio- nar de los sujetos a través de la participación directa en la toma de decisiones, el acceso al poder y a la determinación de las acciones), la económica (la distribución equitativa de los recursos y los derechos económicos de los individuos, relacionados con su racionalidad y autonomía como consumidores) y la legal (formal y sustancial, fundamentada a lo largo de la historia en una serie de normas, leyes y presupuestos que la han ligado necesariamente con los escenarios jurídicos y con sus formas abstractas, y que a la vez se presenta como un avance de la democracia hacia la trascendencia del individuo y en su propia construcción).

UNA SOCIEDAD BASADA EN VALORES COMO LA LIBERTAD, LA CONVIVENCIA Y LA SOLIDARIDAD REQUIERE, EN SU ESENCIA, UNA VISIÓN COLECTIVA QUE PERMITA DESPLEGAR UNA ESTRUCTURA DEMOCRÁTICA

En definitiva, la interacción de las diferentes dimensiones sociales –Estado, economía, socie- dad– con las relaciones territoriales permite que lo local, lo regional y lo internacional conver- jan; esas relaciones suponen unos principios de autonomía, autodeterminación de los sujetos y comunidades, que posibilitan una participación amplia y la construcción de las prioridades colectivas desde la diversidad. Es el afecto por lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos llegar a ser, lo que en definitiva puede generar rutas y proyectos colectivos.

Conclusión

Aunque los desafíos estén identificados, todavía existe una brecha entre valores, democracia, ciudadanía, educación y sostenibilidad. Por ello, es necesario señalar al menos tres dimensiones poderosas para transformar y cerrar brechas, como proyectos colectivos contextualizados.

La primera: consolidar y renovar el ejercicio ciudadano mediante el fortalecimiento de la educación de los sujetos. Esa agenda puede enfocarse en la clase media, ya que, según datos para Colombia, esta clase podría alcanzar el 64 % del total en 2030, justo para cuando deben cumplirse los ODS. Una acción como esta per- mite promover el empoderamiento, la deliberación y la conciencia colectiva que ya mencionamos como un desafío.

La segunda: un fuerte proceso de apropiación de valores democráticos en todas las instancias y ámbitos de actuación. El reconocimiento de las diferencias, de la pluralidad y de la escucha del otro es esencial para que el capital social y la confianza sean piedra angular del ejercicio ciudadano. Esto, incluso, permitiría que el desarrollo humano, las capacidades y la sostenibilidad fueran un asunto colectivo, despertando la empatía y la conciencia colectiva.

Y la última: la generación de apuestas específicas para enfrentar los retos territoriales de exclusión y desigualdad. Solo con una agenda que permita construir condiciones para la superación de la vulnerabilidad y de los desafíos económicos, sociales y ambientales que tenemos como región será posible la realización de los derechos de la ciudadanía y profundizar así el despliegue de un modelo de acción que permita la realización humana, el cuidado de los recursos y el medio ambiente, y el fortalecimiento de las instituciones que promueve la generación de riqueza, la convivencia y el orden social.

Todas las infografías son de @MIGUELSANCHEZ.CO